¿Qué Son Las 'Ciudades Santuario' y Que Puede Hacer Trump Para Detenerlas?

Durante su campaña presidencial, Donald J. Trump prometió quitar miles de millones en dólares federales de las jurisdicciones que desafíen sus planes de deportación convirtiéndose en "ciudades santuario".

"Vamos a bloquear fondos para las ciudades santuario ... no más fondos. Terminaremos con las ciudades del santuario que han resultado en tantas muertes innecesarias", dijo Trump en septiembre durante su gran discurso de inmigración en Phoenix. "Las ciudades que se nieguen a cooperar con las autoridades federales no recibirán dinero de los contribuyentes, y trabajaremos con el Congreso para para proteger con leyes a las jurisdicciones que ayuden a las autoridades federales".

Para algunos, suena bastante simple: las ciudades que "protegen" a inmigrantes indocumentados están haciendo algo malo y merecen castigo.

Jessica Vaughan, del Centro de Estudios sobre Inmigración — un centro de investigación conocido por su ideología restrictiva de la inmigración indocumentada y también la legal — escribe que las ciudades que "obstruyen la aplicación de la ley son un problema importante de seguridad pública en todo el país".

Los líderes de muchas municipalidades y otras jurisdicciones locales argumentan, por el contrario, que sí están considerando sus prioridades de seguridad pública al no colaborar con las autoridades de inmigración más allá de lo que la ley exige."

Nuestra política es que no somos agentes de inmigración. Estamos en el negocio de combatir el crimen," dijo el jefe de la policía de Riverside, Sergio Díaz, justo después de las elecciones de noviembre.

Esta actitud no es nueva. La ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, comenzó a hacer cumplir la "orden especial 40" en 1979 bajo el mando del jefe policial Daryl Gates, no exactamente un liberal, al prohibir que los agentes de policía se acerquen a una persona con la única intención de descubrir su estatus migratorio.

Muchos líderes policiales mantienen que colaborar activamente con las autoridades de inmigración disminuye la confianza de la comunidad en la policía y hace que su trabajo sea más difícil.

Otros indican que sus gobiernos son vulnerables a demandas legales si mantienen a los inmigrantes en las cárceles mientras esperan que las autoridades de inmigración los recojan — los llamados "detainers" u órdenes de detención de ICE — después de que varios tribunales federales encontraron que esta práctica violaba los derechos constitucionales.

Hasta ahora, varios tribunales han indicado que la aplicación de las leyes de inmigración es asunto del gobierno federal y que cualquier colaboración de los gobiernos locales es voluntaria y está sujeta a acuerdos específicos.

Sin embargo, según la legislación federal, los datos personales de todos los delincuentes convictos que están en las cárceles o prisiones locales continúan dirigiéndose al gobierno federal, que decide si alguien es deportable o si se requiere que ICE (Inmigración y Control de Aduanas) los arreste y procese por deportación.

"Estas ciudades y los líderes policiales que limitan la colaboración con los federales están respaldando la ley y la Constitución", argumenta Avideh Moussavian, abogada de política del Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC), un grupo legal pro-inmigrante.

Los oponentes de las políticas de "santuario" las están pintando como protección ilegal de criminales e inmigrantes indocumentados, agregó Moussavian.

"Eso es completamente falso. Incluso las ciudades que se llaman santuarios no pueden detener la aplicación de las leyes de inmigración. No es que no permitan a ICE hacer su trabajo, lo que están diciendo es, no estamos haciendo su trabajo para usted ", explicó la abogada. 

¿Qué es exactamente una "ciudad santuario"?

En algunos lugares, significa que los funcionarios de la ciudad y la policía se abstienen de preguntar sobre el estatus migratorio de los residentes. En otros, implica no retener a los inmigrantes detenidos en las cárceles a petición del ICE sobre los llamados "detainers".

En la mayoría de las ciudades que recientemente han aprobado ordenanzas o resoluciones convirtiéndose en "ciudades santuarios", la decisión no significa que estén creando nuevas políticas o que impidan la entrada de las autoridades ICE de sus vecindarios.

En realidad, la acción más obvia que han propuesto muchas de esas ciudades hasta la fecha implica dedicar una cantidad de fondos del gobierno para ayudar a los inmigrantes con representación legal en un caso de deportación. Ciudades con muchos inmigrantes, como Los Ángeles, Chicago, y Nueva York, han iniciado estos fondos legales.

"Un sistema justo de justicia debe proporcionar a los inmigrantes que se enfrentan a la deportación  — incluyendo niños y familias que se esfuerzan por realizar sus esperanzas y sueños — con los abogados para proteger sus derechos", dijo el fiscal de la ciudad de Los Ángeles Mike Feuer cuando el anuncio fue hecho en diciembre para crear un fondo de 10 millones de dólares.

El nombre de "santuario" invoca la idea de proteger a los inmigrantes indocumentados de la detención y la deportación porque proviene de un movimiento de iglesias y comunidades de fe que estaban activas en el Estados Unidos durante la década de 1980, para proteger a inmigrantes de El Salvador y Guatemala de la deportación.

"El movimiento del santuario proviene de la tradición religiosa en la que iglesias y personas religiosas ayudaron a impedir la deportación de ciertos inmigrantes o solicitantes de asilo ", explicó David Cook-Martin, profesor de sociología y experto en inmigración en Grinnell College. La idea de que el extranjero vulnerable debe ser protegido proviene de la tradición religiosa y la interpretación de ciertas enseñanzas bíblicas.

Las comunidades de fe están poniéndose de nuevo a la tarea de ayudar a sus congregaciones inmigrantes, dada la promesa del presidente electo Trump de deportar millones, y cientos de iglesias han dicho que ofrecerán santuario a los inmigrantes. 

Algunas iglesias están ayudando y alojando a inmigrantes individuales y ayudándoles a combatir la deportación y otros están proporcionando recursos a las familias inmigrantes, o planean celebrar sesiones informativas. Sus esfuerzos están separados de ciudades, condados, o estados. 

El pastor Melvin Valiente, de la Primera Iglesia Bautista de Maywood, California, dice que incluso para las iglesias, proteger a los inmigrantes es "una solución extrema". "Hay una lista de iglesias que se han inscrito", dice Valiente. "Se trata de abogar por los inmigrantes, ofrecer foros informativos, ayudar a los inmigrantes a llenar formularios, capacitar a líderes, y ayudar a un inmigrante en necesidad de obtener ayuda legal. En casos extremos, es posible que tengamos que involucrarnos cada vez más en la protección física de los inmigrantes ".

¿Puede el gobierno federal castigar las "ciudades santuario"? 

Todavía no está claro hasta qué punto la Administración Trump podría o querría obligar a los estados, condados, y municipios a colaborar con las autoridades federales en la aplicación de la ley de inmigración, pero varios legisladores en el Congreso ya han presentado proyectos de ley que amenazan con recortar los fondos de esas localidades en algunos casos. 

Algunos republicanos de la Cámara de Representantes han redactado por lo menos dos proyectos de ley que despojarían de fondos federales a las llamadas ciudades de santuarios y también a los campus universitarios. 

Justo después de la instalación del nuevo Congreso el 3 de enero, el Congresista de Pensilvania Rob Barletta presentó la "Ley de Movilización Contra las Ciudades Santuario", que impediría que los fondos federales fluyan a los estados o localidades que "resistan o prohíba la aplicación de las leyes federales de inmigración". 

El republicano de Maryland Andy Harris también presentó un proyecto de ley que negaría dólares federales a cualquier entidad que se niegue a cumplir con solicitudes de ICE. 

Este tipo de acciones punitivas del gobierno federal establecería una batalla legal y política entre las ciudades y el gobierno de Trump e iniciaría luchas legales sobre la cuestión de hasta qué punto el Congreso y el Ejecutivo pueden obligar a los estados al cumplimiento de objetivos federales. 

Analistas conservadores como Jennifer Rubin del The Washington Post ya han citado al juez de la Corte Suprema John Roberts en el caso que desafió la implementación de Obamacare, declarando que hay límites al poder del Congreso cuando se trata de usar su poder de gasto para presionar a los estados a actuar de acuerdo con las políticas federales. 

"Seguramente, amenazar con quitarle todo el apoyo federal a una ciudad que no envía a policías en las calles buscando sospechosos de ser inmigrantes sin papeles para entregarlos a ICE sería inconstitucional", escribe. 

Entretanto, algunos estados, como California, se están preparando para esa batalla legal contratando a bateadores pesados de la ley como el ex procurador general Eric Holder para asesorarlos sobre cómo responder a la nueva administración y sus intentos de obligar a los estados y localidades a cumplir con los objetivos del gobierno en Washington.

Imagen principal: Estudiantes se reúnen en el sur de Florida para protestar contra Donald Trump. | Joe Raedle/Getty Images North America/Getty Images