Los centros de detención de inmigrantes muestran el caos de las vacunas en California

Este artículo se publicó el 22 de febrero, 2021 por CalMatters.

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¿Quién es responsable de vacunar a los inmigrantes en los centros de detención de California? Ni los funcionarios estatales ni las agencias federales se han hecho responsables.

En medio de este caos, un condado, San Diego, ya tomó medidas y envió dosis de la vacuna contra el COVID-19 a un centro de detención local. Pero otro condado, San Bernardino, está esperando instrucciones de los funcionarios de salud estatales sobre cuándo los detenidos serán elegibles para las vacunas.

Debido a que los detenidos están bajo custodia federal, los funcionarios de salud estatales dijeron la semana pasada que no están seguros de quién es responsable de la vacunación en los centros de detención.

“Les diré de manera muy transparente en este momento, la respuesta es que no lo sé”, la Cirujana General de California, Nadine Burke Harris, quien preside el comité asesor de vacunas del estado, dijo a los miembros del comité el miércoles. “Hay algunos problemas jurisdiccionales realmente complejos que están en juego”.

Ese mismo día, mientras visitaba una clínica de vacunación en el condado de Riverside, el gobernador Gavin Newsom dijo que las instalaciones de detención “funcionan de forma única y distintiva del estado”.

Hasta ahora, 571 personas han dado positivo por el coronavirus en los siete centros de detención de inmigrantes de California, incluidos 270 en las instalaciones de Adelanto en el condado de San Bernardino. Un detenido murió de COVID-19 en las instalaciones de Otay Mesa en el condado de San Diego, según el Rastreador COVID-19 de ICE.

Mientras tanto, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. dicen que, si bien su personal médico puede ayudar a administrar las vacunas, depende de los departamentos de salud estatales y locales elaborar las dosis y un plan para vacunar a los detenidos. Seis de los siete centros de California son operados por empresas privadas.

“Las vacunas contra el COVID-19 para los detenidos de ICE están siendo asignadas por los departamentos de salud locales y estatales, y se incorporaron a la cantidad total de la vacuna contra el COVID-19 distribuida por el gobierno federal a cada estado”, dijo un portavoz de ICE en un comunicado enviado por correo electrónico.

El portavoz de ICE dijo que “un número limitado” de detenidos ha sido vacunado en algunos estados, pero esto depende en última instancia de cuándo los funcionarios locales envían las vacunas. La agencia no dijo dónde ni cuántas vacunas se habían administrado a los inmigrantes detenidos.

Los centros de detención de California pueden albergar a unas 7.000 personas, aunque los abogados estiman que ahora albergan a menos de 2.000. Los inmigrantes son detenidos, a veces durante meses, porque no tienen la documentación adecuada y están esperando procedimientos judiciales.

Los funcionarios de salud dicen que las personas que viven en instalaciones colectivas tienen un alto riesgo de contraer COVID-19.

Los defensores y abogados de los detenidos dicen que han estado buscando respuestas del gobierno federal y estatal incluso antes de que la vacuna estuviera disponible. Pero todavía tienen más preguntas que respuestas.

A lo largo de la pandemia ha habido confusión sobre el papel que juegan las autoridades de salud estatales y locales dentro de estas instalaciones federales, dijo Hamid Yazdan Panah, abogado de inmigración y director de Immigrant Defense Advocates.

“Un año después de esta pandemia y todavía tenemos mucha confusión”, dijo. “Me desconcierta que no podamos conseguir un plan (de vacunación) decisivo”.

Los legisladores estatales, encabezados por el asambleísta Rob Bonta, un demócrata de Oakland, presentaron AB 263, un proyecto de ley que aclararía que los funcionarios de salud estatales y del condado tienen autoridad para hacer cumplir las órdenes de salud en los centros de detención privados que tienen contrato con el gobierno federal.

“Asegurar que se sigan las órdenes de salud en los centros de detención privados no solo salvará vidas dentro de estos centros, sino que también protegerá la salud pública en las comunidades vulnerables y las regiones rurales donde se encuentran la mayoría de estos centros de detención”, coautor del asambleísta Joaquín Arambula, un Fresno Democrat, dijo en un comunicado de prensa.

El departamento de salud pública de San Diego dijo el jueves que había enviado dosis al Centro de Detención de Otay Mesa, donde aproximadamente 300 personas estaban bajo custodia de ICE hasta el mes pasado. Sin embargo, el condado no pudo decir cuántas personas habían sido vacunadas y dirigió preguntas sobre la administración de vacunas a ICE, que le dijo a CalMatters que no tenía respuestas inmediatas.

Algunos inmigrantes en Otay Mesa han comenzado a recibir vacunas, pero no está claro quién califica y cómo se dividen las dosis entre los detenidos y el personal, dijo Monika Langarica, abogada de derechos de los inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en San Diego.

“Lo que sí sabemos es que todavía hay muchas personas médicamente vulnerables que quieren la vacuna y que no han sido vacunadas”, dijo.

Según el departamento de salud pública de San Diego, Otay Mesa debe seguir las pautas federales y estatales, lo que significa que el personal de salud y los detenidos de 65 años o más deben recibir sus primeras dosis.

Los funcionarios del condado de San Bernardino dijeron que enviarán dosis al centro de detención de Adelanto, donde el personal médico de ICE administrará las vacunas. Pero el condado primero está esperando que el estado indique cuándo los detenidos serán elegibles.

La instalación de Adelanto, operada por The Geo Group, Inc, no está obligado a proporcionar al departamento de salud números de casos positivos, muertes o vacunas, según el condado.

“El condado se ha acercado a la instalación en ocasiones para ofrecer ayuda con las pruebas y otros asuntos relacionados con COVID, pero todo indica que sienten que son capaces de cuidar a su gente por sí mismos”, dijo un portavoz del condado.

Se requiere que los centros de detención sigan los planes de atención médica estatales y locales para enfermedades transmisibles, de acuerdo con las regulaciones de ICE. Pero cuando estas instalaciones no siguen las directrices locales, los funcionarios de salud del condado no siempre intervienen y pueden pensar que no tienen la autoridad para hacerlo, dijo Yazdan Panah.

Los Centros para el Control y las Enfermedades de EE. UU. han emitido una guía COVID-19 para los centros de detención, pero también dirige las instalaciones a los departamentos de salud locales para obtener más ayuda.

El 24 de agosto, las organizaciones de derechos de los inmigrantes envió una carta a los funcionarios de salud pública en el condado de Kern, sede del Centro de Detención de Mesa Verde, preguntando sobre la supervisión del departamento, incluida la forma en que planeaba asegurarse de que los detenidos fueran examinados. En una respuesta, el director de servicios de salud pública del condado dijo que su departamento no tiene jurisdicción sobre el centro.

En primavera, cuando Otay Mesa, operada por la empresa CoreCivic, estaba experimentando un brote, los funcionarios de salud de San Diego enviaron un correo electrónico al centro de detención recomendando pruebas masivas del personal para ayudar a mitigar la propagación del virus, según una copia del intercambio de correo electrónico.

Un alcaide de Otay Mesa respondió con: “Doc – Para que quede claro – en este momento no tenemos la intención de hacer pruebas masivas a nuestro personal”, según el correo electrónico.

Cuando se le preguntó sobre las vacunas en los centros de detención la semana pasada, Newsom eludió la pregunta y, en cambio, señaló las prisiones estatales y el progreso que se está haciendo allí. “Solo puedo hablar con ustedes sobre nuestra responsabilidad específicamente y nuestra administración del CDCR”, dijo Newsom.

El estado ha dado la primera dosis a casi 40% de su población carcelaria.

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